Por un país democrático de economía diversificada

Por: Marco Arana Zegarra

Líder del Frente Amplio

Frente al pedido de diálogo del nuevo Premier, el FA plantea la AGENDA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DEL PUEBLO.

La Asamblea de nuestro CEN, realizada el día sábado 18 de julio, así como la sesión de nuestra bancada congresal del día domingo 19 y la sesión virtual del lunes con más de 70 organizaciones sociales y gremios sindicales del Perú han encargado que podamos presentar la Agenda del Pueblo para enfrentar la pandemia, reivindicar el derecho a la salud, la educación, defender los derechos laborales, económicos, sociales y ambientales para un país igualitario libre de discriminaciones y múltiples formas de abusos y violencias.

Discrepamos del enfoque conceptual e ideológico que el Premier Pedro Cateriano ha hecho público en diversas entrevistas en programas de televisión. Sigue siendo un enfoque extractivista primario exportador de alto impacto ambiental negativo, de alta conflictividad socio ambiental y que no abre el camino a una economía diversificada ecológicamente sostenible, más aún, en tiempos de cambio climático y de grave afectación económica y social por la emergencia sanitaria global y nacional.

Nosotros afirmamos la necesidad de una economía diversificada y que primero es la gente, primero es el derecho a la salud y la vida. Las medidas económicas y las inversiones públicas y privadas tienen que ordenarse a ese fin. La economía debe estar al servicio de la gente y no hacerse a expensas de los derechos de la gente y la depredación o contaminación del medio ambiente, que es lo que, hasta ahora, siguen haciendo los diversos gobiernos. Estamos en contexto de pandemia, debemos también proyectarnos a una sociedad y economía de post pandemia. Nada puede volver a ser igual. Las políticas económica, social y ambiental tienen que cambiar. Lo debemos hacer por nosotros y por las futuras generaciones.

La agenda es muy compleja y amplia y la agrupamos en dos bloques:

I. Las Medidas Urgentes frente a la Emergencia Sanitaria

1. Más presupuesto para salud y educación con apoyo desde el MEF para la gestión eficiente en los GoRes y Municipios. Urgente comprometer a Perú Compras y la Contraloría. No gastan por falta de identificación de prioridades, distorsiones de precios de los especuladores, temor a ser denunciados o por incapacidad para ejecución del presupuesto y otros que se roban los dineros públicos por corrupción. ¡Eso tiene que cambiar!

2. Una prioridad es el equipamiento de hospitales provinciales y nuestra producción nacional de equipos biomédicos y equipos de bioseguridad personal. con fábricas de producción de oxígeno, kits de aprovisionamiento de oxigeno para tratamientos ambulatorios, mejora de la gestión y articulación de todo el sistema de salud, incluidas las compras de medicamentos y equipos biomédicos. Se debe priorizar la producción de equipos de respiración artificial de la UNI, PUCP o el ingeniero cajamarquino, Rodolfo Ortiz, que tienen licencias de Digemid aprobadas, así como la producción nacional de nuestra industria textilera de vestimenta y mascarillas para bioproteción.

3. Planificación y ejecución inmediata de una estrategia de movilización y acción comunitaria. La estrategia de priorizar atención hospitalaria y sus sub registros de datos ha fracasado. Es fundamental el rol de los centros de salud comunitaria potenciando los niveles y metas de acción preventiva y curativa comunal y familiar. Apoyar y dotar de recursos para movilizar la red de más de 30 mil agentes comunitarios de salud de todo el Perú para prevención y para tratamiento ambulatorio, o en casa, mejorando el sistema de apoyo por telemedicina, el despistaje con pruebas de laboratorio, y la vigilancia de los entornos epidemiológicos para evaluar levantamiento o re establecimiento de medidas de cuarentena o aislamiento social localizados. Con respeto a su autonomía organizativa, debe darse pleno respaldo a muchas de las iniciativas principalmente lideradas por organizaciones de mujeres en los colectivos denominados “banderas blancas” que están salvando del hambre a la gente, los comedores populares, las rondas campesinas, los comités de autodefensa, los promotores de salud, las redes de voluntariado de parroquias e iglesias y, donde sea preciso o necesario, debe hacerse con apoyo logístico del ejército como lo está pidiendo AIDESEP y las organizaciones de las comunidades nativas amazónicas.

4. La respuesta a las demandas de los trabajadores, particularmente los del sector de salud. Decenas de trabajadores de la salud han muerto y centenares de ellos están contaminados. Debe entenderse desde el Estado que nuestra principal riqueza son nuestros profesionales y gente trabajadora. En un país, pobre, como el nuestro, cuesta mucho sacrificio formar una enfermera, un médico, un obstetra o técnico de salud. ¡No podemos dejar que se mueran! Es necesario proveerles de EBP, equipamiento médico, exámenes COVID, bono COVID, pago inmediato de las deudas salariales a todo el personal de contratos por servicios no personales y fin a esa modalidad lesiva de contratación como al sistema de la modalidad del CAS. Así como equipos itinerantes de médicos y de enfermeras especializados en cuidados intensivos y emergencias a los cuales no se les puede privar de los equipamientos y seguros de salud necesarios. Por lo demás, las diversas centrales sindicales han solicitado al gobierno la derogatoria de los inconstitucionales DL 014, 016, 020 que impiden el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la defensa judicial frente a los despidos arbitrarios y abren las puertas a los despidos colectivos en el sector público precarizando aún más el empleo; mientras que los sindicatos de tiendas de retail han denunciado la extensión de jornadas laborales de más de 60 horas de trabajo semanal con sueldos miserables y exigen el fortalecimiento de la Sunafil.

5. Aprobar el bono universal. Más de dos millones han perdido su trabajo y muchos no pueden ni comprar alimentos básicos ni pagar sus deudas por servicios. Se debe favorecer la compra de alimentos a pequeños y medianos productores agropecuarios como ha pedido fundamentadamente CONVEAGRO y lo hemos acordado en la iniciativa “hambre cero” del Acuerdo Nacional que no debe quedar en letra muerta.

6. Apoyo a la formalización: Plan agresivo de inclusión financiera con apertura de cuentas bancarias para todo peruano con DNI a través del Banco de la Nación. Esta entidad puede mejorar la cobertura y la atención financiera, incluso con bajas comisiones de colocación de fondos sociales o créditos a pymes.

7. Respaldar la promulgación e implementación de la ley contra el acaparamiento y la especulación de medicamentos y equipos biomédicos y el oxígeno y mejorar el sistema de investigación y sanción fiscal y judicial. Ni una persona más muerta porque no se ponga fin a los especuladores y acaparadores de medicinas, equipos biomédicos u oxígeno. Si es preciso aplicando las leyes de intervención en emergencias nacionales o promulgando las leyes que hagan falta para su expropiación.

8. Respaldar el debate y aprobación de la ley de regulación de precios de medicamentos. No es inconstitucional. Lo constitucional, y lo ajustado a derecho, es el reconocimiento y la cautela de la primacía de derechos: la salud y el bien común por encima del bien privado y el lucro. Así se ha hecho en Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia o Argentina y hasta se han dado algunas medidas regulatorias en países de la Unión Europea.

9. Por seguridad alimentaria, inmediata atención a las demandas de los dos millones de pequeños productores agropecuarios agrupados en Conveagro: 5 mil millones de soles para rescate de la producción de alimentos en próxima campaña agrícola. No podemos arriesgarnos a futuros escenarios de emergencia sanitaria sin adecuada provisión de alimentos de nuestros pequeños y medianos productores nacionales.

10. Atención a las demandas de las comunidades amazónicas. Algunas de ellas están siendo diezmadas y requieren el apoyo para movilizar sus agentes comunitarios de salud en las más de 2000 comunidades, requieren apoyo con telemedicina, medicamentos y logística de la FFAA para desplazamiento en el territorio. Respaldar las iniciativas ciudadanas y de parroquias para provisión y adecuada gestión de plantas de producción y aprovisionamiento de oxigeno, donde no hay o donde existe insuficiente capacidad de aprovisionamiento. El gas vital no puede seguir estando en manos del oligopolio transnacional comercializador del oxígeno.

11. No a la privatización de las empresas públicas de servicios (EPS), particularmente no a la privatización del agua. Por la promulgación de la ley de fortalecimiento de las EPS y la prohibición de la privatización de agua con derogatoria inmediata del DL 214. En la pandemia estamos viendo de lo que son capaces las empresas que lucran con los medicamentos, de lo que están haciendo las clínicas privadas, el monopolio farmacéutico o el oligopolio del oxígeno que hasta había logrado antes una ley especial para favorecerlo. No podemos permitir que pretendan hacer lo mismo con el agua. Más de 7 millones de peruanos no tiene agua potable y desde el FA logramos en 2016 que se constitucionalizara el derecho al agua, así como en 2017 la ley de protección de cabeceras de cuencas para asegurar la protección y gestión de las fuentes naturales de agua.

II. Las Medidas Estructurales

1. Nueva visión de desarrollo económico. Superar el modelo primario exportador que el actual Premier propone intensificar. Proponemos la diversificación de nuestra economía para construir un Perú con justicia ecológica y social, en un país libre de corrupción, para lo cual se necesita una nueva Constitución que reconozca el Perú de economía diversificada. Estamos porque se apruebe en el Congreso la ley de referéndum para Nueva Asamblea Constituyente, que se realice el 11 de abril, el mismo día de las elecciones presidenciales.

2. Reforma fiscal: impuestos a las grandes fortunas, recuperación de las grandes deudas tributarias, eliminación de las exoneraciones tributarias, cobro coactivo de deudas por multas ambientales, combate a la evasión tributaria interna y las empresas con cuentas off shore, ampliación de la base tributaria con medidas de shock para la formalización de las pymes, comenzando con las inclusión financiera a través del Banco de la Nación para todos los peruanos con DNI y modificando las normas que impiden o ponen excesivos y costosos requisitos para la formalización.

3. Lucha frontal contra la corrupción para evitar el drenaje de los miles de millones de soles que se roban de los dineros de todos los peruanos, tanto las empresas corruptoras como los políticos y las autoridades corruptas, con anuencia y apoyo de grandes medios de comunicación que ocultan o legitiman la mega corrupción. Para el fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia anticorrupción comenzado por la policía, cuyos altos jefes se hallan comprometidos en escandalosos hechos de corrupción que deben ser ejemplarmente sancionados.

4. Shock de inversiones en infraestructura vial y para diversificación del Turismo. Necesitamos modificar el plan nacional de Competitividad y Productividad que tiene un enfoque extractivista y primario exportador. Necesitamos un gobierno que realice un shock de inversiones para construir infraestructura vial en un territorio ordenado (el Ejecutivo debería respaldar el debate y aprobación de la ley de ordenamiento territorial en el Congreso de la República). La construcción de infraestructura vial puede hacerse con el trabajo de decenas de miles de peruanos y peruanas trabajando en ella, para la extensión y la intensificación de actividades económicas diversificadas y sostenibles. Miles de kilómetros de caminos esperan ampliación, puentes, asfalto. Ciudades con flujos comerciales, que hoy parecen alejadas, esperan trenes. Mega urbes que se han convertido en peligrosas e insostenibles esperan desconcentración, zonificación y planificación territorial para asegurar el derecho al agua, áreas destinadas a la producción de alimentos, áreas verdes, espacios públicos para la recreación y la expresión artística y cultural, transporte público limpio, sistemas de tratamiento de sus residuos sólidos y líquidos, los cuales hasta pueden llegar a ser rentables. Apertura y desarrollo de nuevos destinos turísticos en sus diversas modalidades y sin las aglomeraciones del actual modelo extractivista impuesto a destinos como Cusco, de gran aglomeración y de poca recepción de la renta para la inversión local. Para todo esto, debe reformarse la ley de contrataciones y suprimirse el lesivo sistema de APPs y obras por impuestos que encarecen las obras y está exenta del control de la intervención de la Contraloría.

5. Desarrollo de la producción agropecuaria asociativa para tener seguridad alimentaria y asegurar alimentos sanos, libres de transgénicos y plaguicidas, no solo para el mercado interno, sino para el externo. El Perú no es únicamente minero ni para las empresas mineras y sus lobbies. El Perú es megabiodiverso, hay agua y tierras y se puede convocar y desplegar las reservas de su cultura milenaria del cuidado de la tierra que produce. Miles de hectáreas de milenaria andenería andina está abandonadas. El gobierno del presidente Vizcarra y su ministra del MEF deben parar la entrega miles de millones de soles a las empresas Lava Jato e investigadas por lavados de activos y disponer el otorgamiento de los 5 mil millones de soles que le piden más de dos millones de familias, agrupadas en CONVEAGRO.

6. No a la imposición de megaproyectos mineros como Tía María, Conga, Zafranal o Cañariaco. Alto a la amenaza de la Reserva Nacional de Paracas. Que el presidente Vizcarra cumpla con su compromiso a los gobernadores regionales de la Macrosur de una nueva ley para una nueva minería con ordenamiento territorial previo, respeto de la consulta previa y fortalecimiento de las normas y la institucionalidad ambiental en el marco de nuestras nuevas leyes de protección de cabeceras de cuencas y la ley marco de cambio climático, respetando los derechos laborales que reclaman los sindicatos de los trabajadores mineros, volviendo coactivas la cobranza de las multas por infracciones ambientales. Solución a la demandas de Espinar y el cumplimiento de su Convenio Marco con Las Bambas, pago de las deudas a la comunidad Antapaccay, solución a las demandas de decenas de miles de peruanos afectados por contaminación con metales pesados, nuevas normas para garantizar el derecho a la salud ambiental, inversiones sociales y desarrollo de capacidades económicas en las zonas de impacto minero directo e indirecto, se trata de buscar soluciones adecuadas y eficaces a la alta conflictividad socio ambiental de las industrias extractivas y no de medidas autoritarias o represivas. No a las amenazas a nuestras zonas de reserva nacional como Paracas, a la instalación de pozos petroleros en nuestro mar que ha sido de incisos como amenaza a diversidad hidrobiológica y la pesca artesanal y freno a las depredaciones amazónicas por tala, narcotráfico, expansiones agroexportadoras o actividades de la minería ilegal. Ratificación del Acuerdo de Escazú para acceso a la información ambiental y protección de la seguridad de los defensores ambientales.

7. Inversión en Construcción de Vivienda Popular Ecoeficiente. Frente a la pérdida de dos millones de puestos de trabajo se necesita generar más trabajo: es necesario desarrollar un ambicioso programa de vivienda popular ecoeficiente en ciudades sostenibles frente al cambio climático y frente a los nuevos escenarios del aislamiento social que impone esta u otras pandemias futuras. El acceso a viviendas que hagan uso eficiente de la energía permitiría que miles de peruanos no mueran por las olas de friaje en el sur y permitiría que decenas de miles de peruanos no se vieran empujados o, a salir de sus tierras, o a tener que escapar a pie de ciudades en los que no tienen un techo donde guarecerse dignamente. Trabajo, Tierra y Techo no es una fórmula desconocida, puesto que la defiende el papa Francisco como política pública para erradicar la pobreza.

8. Otro Desarrollo, Otra Oportunidad para Nuestra Industria Textil. Las veces que lo hemos escuchado parecían relatos de ficción. Pero es una realidad con grandes posibilidades de desarrollo. El reconocido científico peruano, Modesto Montoya, me dijo que había “una solución minera” para los problemas que nos genera la minería en el Perú: en vez de minería por todo el país, proponía una minería aurífera de mediana escala y geográficamente localizada que estaría orientada al desarrollo de variedad de productos nanotecnológicos que resolvieran nuestros problemas de demanda interna y la amplia demanda internacional. Parecía poco creíble. Sin embargo, en estos meses de pandemia, he escuchado al científico Justiniano Quispe del Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Ambientales de la UNMSM. Él sostiene que tenemos conocimiento científico y gran potencial para producir membranas y equipos con uso de nanotecnologías de plata con aplicaciones a la fabricación de mascarillas y trajes de bioseguridad. Pero faltan inversiones. En su centro no hay dinero ni para comprar un microscopio electrónico de 750 mil dólares. Otro científico, como Marino Morikawa, ha tenido más éxito y prensa desarrollando nanotecnología de burbujas, sin químicos, para descontaminar ecosistemas acuáticos dañados y, en equipo de trabajo internacional, ha contribuido a desarrollar también mascarillas de protección biopersonal con nanotecnología para estos tiempos de pandemia. Tenemos gran potencial y deberíamos dar todo el respaldo financiero a nuestra comunidad científica para servir a nuestros pequeños empresarios textiles asociados para hacer una revolución de nuestra industria textil, a la cual debería sumarse el desarrollo intensivo de las fibras de nuestros camélidos sudamericanos, cuyos criadores están abandonados en su secular pobreza.

Nuevos Desafíos, Nueva Clase Política, Reformas, Eficiencia, Austeridad Pública

1. Y es que a los políticos no les interesa y el empresariado mercantil no la ve, siente que hay dinero más fácil exportando piedras, depredando el mar o la Amazonia, metiendo los dineros a los bolsillos del Estado cuando les va mal o coimeando para el contrato con sobreprecios o, cuando evalúan que los necesitan, acudiendo a la utilización de la capacidad represiva del Estado para sofocar conflictos a balazos. La norma que permite contratos de privados con las fuerzas policiales y las fuerzas armadas deben ser derogadas, así como debe modificarse el mecanismo de control congresal de los estados de emergencia. Actualmente, no son evaluados y han contribuido a incrementar las distancias entre el Estado y los ciudadanos.

2. La reforma política para fortalecer los partidos, prohibir el financiamiento privado de las campañas, impedir la elección de ciudadanos con sentencias en primera instancia por delitos dolosos, modificar la inmunidad parlamentaria, corregir el mamarracho legal de la delegación parlamentaria, eliminar el voto preferencial para no distorsionar la paridad de género, una norma para asegurar la inclusión digital son leyes fundamentales que no deben esperar más.

3. Somos conscientes que también se necesitan reformas profundas para recuperar el derecho la salud y la educación publicas, el sistema pensionario para que nuestros jubilados no sean maltratados por la ONP o esquilmados por el abusivo sistema de AFP. Igualmente, que es preciso continuar con la reforma del sistema político, del sistema judicial, de la policía y de la propia administración pública que, en estos tiempos, debiera conducirnos a la racionalidad y austeridad burocrática de los gastos en la administración del Estado, como bien podría ocurrir con la revisión de la carrera pública, las escalas laborales, la limitación de los grandes salarios y la fusión de ministerios y reordenamiento y fortalecimiento de las diversas entidades públicas, muchas de las cuales deben preservar su autonomía, reformular sus competencias y su disponibilidad de recursos para mayor eficiencia y eficacia para la construcción de una economía diversificada, anti desigualitaria que sea ecológicamente sostenible. Entre ellas están modificaciones en el BCR, SBSS, ANA, INDECOPI, INIA, IMARPE, SENAMHI, INDECI, COEN, SERFOR, DIGESA, INACAL, OEFA, SUSALUD, entre otras.

Compromisos del FA

Desde el FA, nos reafirmaremos en la búsqueda de la más amplia unidad política y social con las organizaciones sociales, los gremios de los trabajadores y profesionales, seguiremos trabajando por los cambios profundos que el país necesita. Sabemos que hay fuertes presiones de las redes de corrupción, sus organizaciones criminales, los lobbies y los grandes medios de comunicación para que no se hagan los cambios profundos que el país necesita, aún a pesar que lo están demandando los tiempos de pandemia y sus zarpazos de muerte que afectan a los sectores más pobres.

Planteamos estas propuestas, juntos a los pueblos y sus organizaciones. Somos una fuerza plática de oposición política democrática.

Sabemos que estamos desafiados, no sólo a oponernos por oponernos, sino a proponer cambios y movilizarnos para construir una nueva visión de país, una nueva racionalidad económica que cambie el sistema capitalista que lo ha mercantilizado todo, que sigue profundizando insensible e impunemente las desigualdades, que está destruyendo acertadamente la naturaleza y precarizando aún más nuestras débiles instituciones democráticas.

Es por ello que, en este diálogo con el nuevo gabinete y, en contexto de pandemia, proponemos nuevas herramientas de política, cambios para el corto plazo y cambios estructurales.

Desde el FA, no nos cansaremos de plantear la necesidad de una AGENDA DEL PUEBLO, así como de seguir formando y visibilizando los cambios profundos que también necesitan las nuevas generaciones que deberán vivir en una patria emancipada, soberana, con justicia social y ecológica, libre del flagelo de la corrupción.

Con esas convicciones irrenunciables es que, junto a nuestros pueblos y sus organizaciones, nos proponemos avanzar hacia el Bicentenario y el Perú diferente que queremos construir.

Lima, 21 de julio de 2020

Imagen. Diario Gestión

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